El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, le pidió a António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, y Volker Türk, el alto comisionado para los Derechos Humanos del organismo, proteger los derechos humanos de los migrantes venezolanos, en especial a los que fueron deportados por EE.UU. hacia una cárcel de El Salvador.

A través de un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano informó que el mandatario se comunicó vía telefónica el pasado miércoles con Guterres y este viernes con Türk, con la finalidad de “asegurar la liberación inmediata y sin condiciones de los 238 compatriotas injustamente detenidos” en San Salvador, que según él, “han sido encarcelados sin ningún tipo de proceso judicial y privados de su derecho a la defensa”, según reporta el diario local ‘El Nacional’.

La Cancillería del país llanero destacó que tanto Guterres como Türk expresaron su “compromiso de activar todos los mecanismos disponibles para restablecer, lo antes posible, los derechos flagrantemente violados de las y los migrantes venezolanos”.

En este contexto, Maduro reafirmó la firme determinación “del gobierno bolivariano de no descansar hasta lograr el regreso seguro de cada compatriota injustamente encarcelado a su hogar”, como también consigna el medio venezolano.

Estos 238 migrantes venezolanos, trasladados el pasado 16 de marzo desde Estados Unidos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador, fueron acusados de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua.

Sin embargo, ni el gobierno estadounidense y salvadoreño han proporcionado información de la lista de personas deportadas.

Ante esto, el gobierno de Maduro mencionó que un grupo de abogados presentó un “habeas corpus” en El Salvador; sin embargo, aseguró que ninguno ha tenido acceso a la cárcel ni a sus representados.

En tanto, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos Kristi Noem, visitó el miércoles la prisión salvadoreña de máxima seguridad donde se encuentran estos migrantes que fueron expulsados bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, a pesar de una orden judicial que lo prohibía, y agradeció al presidente salvadoreño por “su asociación con los Estados Unidos” en la recepción y encarcelamiento de “terroristas”.

Hasta ahora, el gobierno salvadoreño no ha aclarado bajo qué normativa se han encarcelado a estas personas en el Cecot, ya que no existe un acuerdo aprobado por la Asamblea Legislativa salvadoreña ni órdenes de captura o procesos penales en curso contra ellas.