El Gobierno de Gabriel Boric le ha exigido este viernes a Venezuela que extradite a dos de los implicados en el secuestro y homicidio de Ronald Ojeda, exteniente opositor al Gobierno de Nicolás Maduro y refugiado político en Chile desde 2018. La ministra del Interior, Carolina Tohá, ha advertido a Caracas que “los ojos del mundo” van a estar puestos en su comportamiento. Esta es la primera reacción de la Administración de izquierdas luego de que la Fiscalía chilena apuntara a que el asesinato de Ojeda el pasado 2 de marzo, cometido en Santiago de Chile, tuvo un móvil político y fue orquestado desde Venezuela.

A Ojeda, de 32 años, tres hombres lo secuestraron la madrugada del 21 de febrero en su piso en el municipio de Independencia, donde vivía con su esposa y su hijo pequeño. Los delincuentes tenían los rostros cubiertos y vestían falsos uniformes de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI). Todo quedó registrado en un vídeo del edificio. Las policías dieron con su cadáver 10 días después, enterrado a 1,40 metros de profundidad, en un asentamiento irregular en la zona poniente de Santiago de Chile. Hasta ahora ha habido solo un detenido –un menor de edad de 17 años– y la Fiscalía ha dicho que otros dos implicados están en territorio venezolano. El fallecido teniente estuvo nueve meses preso en Venezuela y escapó a Chile.

El fiscal chileno Héctor Barros explicó esta mañana que hay dos venezolanos identificados como “autores en la participación de este delito”, Maikel Villegas Rodríguez y Walter Rodríguez Pérez. Uno de ellos, Walter, ya tenía órdenes de detención previas por cometer crímenes en el país sudamericano. “Siempre” ha operado de la misma manera: “Está radicado en Venezuela, es contratado por el Tren de Aragua o alguna otra organización, viene a Chile, comete el secuestro con homicidio y retorna inmediatamente a su país”, detalló el fiscal.

“Ambos países tenemos un tratado vigente de extradición, desde 1962, y si bien la actual Constitución venezolana no contempla la extradición de nacionales, este tratado no ha sido desahuciado, ni por Venezuela, ni por Chile”, ha planteado Tohá. “Chile tiene todo el derecho a exigir su cumplimiento y a pedir que en el caso de estos criminales, una vez aprehendidos, se les permita venir y enfrentar la justicia en nuestro país en virtud del delito que cometieron en nuestra tierra”, agregó.

Las declaraciones de este jueves del fiscal Barros al canal de televisión Chilevisión sobre si el móvil del homicidio de Ojeda fue político -”hasta el momento no tengo otro antecedente que nos demuestre, que nos indique, hacia otro lado”- se produce en un momento donde la tensión entre Santiago y Caracas ha ido escalando. Horas antes, Boric había anunciado que llamará a consulta al embajador de Chile en Venezuela, el socialista Jaime Gazmuri, luego de que el canciller del Gobierno de Nicolás Maduro, Yván Gil, declarara que el grupo criminal internacional Tren de Aragua es “una ficción mediática internacional”. Tohá adelantó que este viernes enviarán las notas diplomáticas del caso y el embajador Gazmuri va a recibir instrucciones de parte del presidente Boric respecto a “medidas adicionales” que se tomarán en la relación bilateral.

El fiscal Barros, coordinador en Santiago el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), insistió a primera hora de la mañana que “se han ido descartando líneas investigativas”. “Hasta el momento hemos establecido que esto no fue un autosecuestro, que no fue un secuestro extorsivo, esto fue organizado por el Tren de Aragua con una organización extranjera y en el contexto de crimen organizado”, dijo a los medios. También detalló que se le hizo un requerimiento de asistencia penal internacional a Caracas, para que los ayudara con la detención de los dos ciudadanos venezolanos que están en Venezuela.

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